Chile elige a Londres sobre Buenos Aires: la movida que puede romper la alianza regional en Malvinas
Santiago lanzó una asociación estratégica con el Reino Unido mientras defiende la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, escalando la tensión con Argentina en…
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía4 min de lectura
La grieta geopolítica en el Cono Sur se acaba de hacer más profunda. Mientras Argentina libra su batalla más dura con el Reino Unido desde 1982, Chile eligió este lunes acercarse a Londres —y el movimiento tiene consecuencias concretas para el tablero regional.
El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna se reunió en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una "asociación estratégica" bilateral que abarca minerales críticos, inversiones y comercio exterior. "Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel", declaró Pérez Mackenna tras el encuentro.
El flanco sur que nadie vio venir
La diplomacia no empezó en Londres. Una semana antes, el embajador británico en Santiago, David Concar, había desplegado su propia ofensiva en Punta Arenas: se reunió con el contraalmirante Juan Soto de la Tercera Zona Naval, visitó el Instituto Antártico Chileno y se reunió con autoridades municipales y universitarias de Magallanes. No fue una visita protocolar.
Concar también abordó directamente el caso del buque Danstar, la embarcación de 72 metros que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. Su posición fue clara: "Se trata de una iniciativa comercial privada", dijo el diplomático, esquivando cualquier fricción con Buenos Aires.
La ruta no es menor. Punta Arenas está a unos 900 kilómetros de las islas; Montevideo, el único nexo sudamericano actual, a casi 2.000. El Danstar navegaría por el Estrecho de Magallanes —soberanía chilena— y el primer viaje está previsto para noviembre o principios de diciembre.
El fondo del conflicto: petróleo por 1.700 millones de barriles
El telón de fondo es el proyecto Sea Lion: un yacimiento a 220 kilómetros al norte de las islas con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles, con producción prevista para 2028. El 13 de octubre, el gobierno de Milei presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo una solicitud de medidas provisionales para frenar el proyecto.
La respuesta de Miliband —el mismo que ese mismo día recibiría al canciller chileno— fue contundente: calificó las acciones argentinas de "coerción económica" y anunció nuevas medidas para proteger a empresas británicas. Londres, además, podría vetar el ingreso de Argentina al CPTPP y a la OCDE.
Argentina ya había escalado antes: amenazó con sanciones a empresas del proyecto, inició causas penales contra sus ejecutivos y anunció una base naval en Tierra del Fuego.
La presión argentina sobre Santiago
En el Congreso argentino, la tensión con Chile ya tiene forma legislativa. Un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto para citar al embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera ante la Comisión de Relaciones Exteriores, para que explique la posición oficial de Santiago sobre la ruta y su eventual vinculación con el proyecto Sea Lion.
El diputado Guillermo Michel fue más lejos: propuso denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal con Chile. "Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en Argentina. Tienen que decidirse", argumentó.
Desde Chile, la respuesta fue pragmática. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la ruta: "Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga".
Lo que viene
Argentina mantiene vigente el Decreto 256/2010, que exige autorización previa a todo buque que navegue entre puertos continentales y las islas o atraviese aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino. Si el Danstar zarpa en noviembre, el choque normativo y diplomático será inevitable.
La pregunta ya no es si la alianza regional en torno a Malvinas se va a resquebrajar. Es cuánto costará reconstruirla —y quién estará dispuesto a pagar ese precio.
