Monteoliva lanzó una ofensiva judicial contra los violentos del Congreso: denuncias y pruebas en camino
La ministra de Seguridad responsabilizó a grupos anarquistas y de izquierda por los disturbios del 15 de octubre y anticipó acciones legales concretas.
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía3 min de lectura
El Estado no va a mirar para otro lado. Esa fue la señal que la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva eligió emitir tras los graves incidentes ocurridos frente al Congreso durante la Quinta Marcha Federal Universitaria.
El saldo de aquella jornada fue contundente: 31 detenidos, pedradas contra las fuerzas de seguridad y el despliegue de gases lacrimógenos y camión hidrante para restablecer el orden.
El diagnóstico oficial: grupos organizados, no espontáneos
Monteoliva no habló de excesos aislados. Apuntó directamente a "facciones y grupos minoritarios" —entre 200 y 300 personas— que, según describió, actuaron de manera premeditada para "desestabilizar y generar caos". Los identificó como "grupos anarquistas y de izquierda" que buscan transformar el espacio público en una zona liberada.
"Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos", afirmó la ministra, tanto en declaraciones públicas como en redes sociales, donde también dejó una advertencia directa: "El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia".
La respuesta: recolección de pruebas y judicialización
Lejos de quedarse en la retórica, el Ministerio de Seguridad anunció que está recopilando imágenes de los incidentes para respaldar denuncias ante la Justicia. El mensaje fue claro: quienes agredieron a efectivos policiales o destruyeron bienes públicos tendrán que responder ante los tribunales. "Nadie está por encima de la ley", sintetizó Monteoliva.
Santiago Caputo también se involucró en la caracterización pública de los hechos, sumando peso político a la posición del Gobierno frente a lo ocurrido.
En paralelo, la carta del Papa
En un contrapunto llamativo, Monteoliva también se refirió a la posible visita del papa León XIV a la Argentina y expresó su deseo de que se concrete: "Ojalá se dé", dijo.
Dos agendas en simultáneo: la gestión del conflicto interno y la apertura a un evento de alto impacto simbólico. La combinación dice mucho sobre el momento político que atraviesa el Gobierno.
La pregunta que queda abierta es si la judicialización efectiva de los responsables logrará disuadir futuras escaladas —o si, por el contrario, profundizará la tensión en torno a la cuestión universitaria.
