Argentina reparte mal su plata desde hace décadas: el seminario que expuso el sistema roto
Un encuentro en el Senado desnudó que el piso de coparticipación nunca se cumple y que las provincias reclaman fondos pero no aparecen a debatir la reforma.
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía3 min de lectura
El sistema que distribuye los recursos entre Nación y provincias está roto. Y todos lo saben. Lo que cambió esta semana es que quedó documentado, en el Senado, con nombres y porcentajes.
Un seminario titulado "Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias" reunió a economistas, ex legisladores y funcionarios provinciales para diseccionar un problema que nadie termina de resolver. El diagnóstico fue tan claro como incómodo.
El piso que nadie respeta
La Constitución establece que el 34% de la masa coparticipable debe distribuirse entre Nación y provincias. Según expuso Guido Zack, titular económico de Fundar, ese umbral nunca se cumplió de forma sostenida desde fines de los años noventa.
La peor etapa, según Zack, transcurrió entre 2002 y 2016, es decir, durante toda la era kirchnerista. Algunos estudios marcan 2010 como el año más bajo del período. Solo tras el fallo de la Corte Suprema sobre la detracción del 15% para seguridad social —interpretado como un gesto anticipado hacia la llegada de Mauricio Macri— el indicador se acercó mínimamente a la meta.
El mismo Zack ubicó a la Argentina como uno de los países con "mayor desigualdad territorial en el mundo", detrás de Rusia y Eslovaquia. No es un dato menor: implica que la brecha entre provincias ricas y pobres no es solo política, sino estructural y persistente.
El impuesto más distorsivo del país
Más allá de la coparticipación, el seminario señaló otro problema silencioso: Ingresos Brutos representa alrededor del 85% de los recursos propios provinciales. La distorsión entre distritos es enorme: va desde 5,5 puntos en Neuquén hasta 21 puntos en Catamarca.
Córdoba suma 80 regímenes distintos. Los saldos a favor acumulados en todo el país terminan funcionando, en la práctica, como un tributo encubierto sobre los contribuyentes.
Dos salidas posibles, ninguna fácil
Luciano Laspina, ex legislador macrista y actual director ejecutivo de Cippec, planteó dos vías de avance. La primera: explorar una reglamentación del proceso de sanción de una ley coparticipable vía el artículo 75 de la Constitución. La segunda, más quirúrgica: una "acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema", que podría ser promovida por una ONG, una provincia o el propio Ejecutivo. "Tirar un poco del nudo para destrabar", sintetizó.
La contradicción de fondo
Lo más revelador no fue lo que se dijo, sino quiénes no estuvieron. La asistencia de legisladores fue baja, incluso entre los miembros de la propia comisión. Los mismos representantes provinciales que reclaman fondos ante Nación no aparecen cuando se convoca a debatir el sistema que los distribuye.
La paradoja es conocida pero no deja de ser llamativa: las quejas se multiplican cuando hay proyectos en juego o transferencias en disputa. El debate estructural, en cambio, convoca filas vacías.
Mientras el sistema siga funcionando como moneda de negociación política, la reforma real seguirá siendo la próxima reunión que nadie termina de convocar en serio.
