Fentanilo contaminado: 90 muertos, dos ex funcionarias imputadas y una pena que puede llegar a 25 años
La ex jefa de ANMAT salió bajo fianza de $75 millones con prohibición de salir del país; la ex titular de INAME sigue detenida. La causa apunta a un…
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía4 min de lectura
Noventa pacientes muertos y cuarenta y uno con secuelas permanentes. Ese es el costo humano que la Justicia federal ahora pone en el centro de una causa que expone las grietas del control sanitario del Estado argentino.
Dos ex funcionarias de los organismos regulatorios más importantes del país enfrentan una expectativa de pena de entre 10 y 25 años de prisión por la adulteración mortal de ampollas de fentanilo fabricadas por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A.
Quién sigue presa y quién quedó libre
Agustina Nélida Bisio, ex titular de la ANMAT, obtuvo la excarcelación tras depositar una caución real de $75.000.000. Estaba detenida desde el lunes anterior a la resolución. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, hizo lugar al pedido de la defensa con el argumento de que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, y que Bisio —de 71 años, sin antecedentes penales— colaboró con la instrucción mientras ejerció su cargo. Igualmente, el tribunal le impuso prohibición de salida del país y otras medidas de coerción.
Gabriela Mantecón Fumadó, ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), permanece detenida desde el 3 de agosto. Su defensa solicitó la excarcelación, pero aún no fue concedida.
El encubrimiento que investiga la Fiscalía
La hipótesis fiscal es contundente: los laboratorios tenían un historial documentado de incumplimientos en buenas prácticas de fabricación, y ese historial fue tolerado por un "manto de cobertura estatal" que les permitió seguir operando en condiciones deficientes hasta que el daño fue irreversible.
La causa revela además una serie de reuniones entre las funcionarias imputadas y responsables de los laboratorios investigados, en fechas críticas del proceso. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Bisio habría pedido que la salida de visitantes del laboratorio de una de esas reuniones fuera "discreta", según una conversación hallada en su teléfono.
La Fiscalía también señala que Bisio intentó "acomodar la magra labor administrativa" antes de que se formalizara la denuncia penal por las primeras muertes registradas en el Hospital Italiano de La Plata. Eso surge de una conversación del 12 de mayo de 2025 con quien se desempeñaba como Subadministradora Nacional de la ANMAT, designada por decreto firmado por el presidente Javier Milei.
Durante la investigación, el organismo que conducía Bisio también generó obstáculos: falta de respuestas integrales, reticencia a entregar documentación y cumplimientos parciales que obligaron al juzgado a dictar procedimientos compulsivos.
La calificación penal y lo que aún puede agravarse
El Ministerio Público Fiscal encuadró las conductas en el artículo 201 bis del Código Penal —envenenamiento o adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones— para el lote que causó las muertes. Para un segundo lote, la calificación cae en el artículo 200 (adulteración de sustancias medicinales con peligro para la salud pública), en concurso real.
Pero la Fiscalía deja abierta la puerta al artículo 80, inciso 5° del Código Penal: homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. Una calificación que, de prosperar, elevaría drásticamente la gravedad del caso.
La investigación continúa. Ya se realizaron allanamientos para establecer si otras autoridades participaron de reuniones con los responsables de HLB Pharma. Lo que está en juego no es solo la condena de dos funcionarias: es la pregunta sobre cuántos niveles del Estado supieron, cuándo lo supieron, y qué decidieron no hacer.
