Sin PASO, con PAS o sin nada: la negociación que define quién controla las elecciones de 2027
El Gobierno libertario negocia con gobernadores la reforma electoral mientras la confianza se erosiona y las PASO se convierten en moneda de cambio político.
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía4 min de lectura
La reforma electoral que el Gobierno de Milei presentó como prioritaria está trabada. Y la traba no es técnica: es una guerra de incentivos donde nadie confía en nadie.
Hasta hace pocas semanas, fuentes del oficialismo aseguraban que la eliminación de las PASO estaba "70% cocinada". Hoy, esa estimación cayó a "50 y 50", según reconocen desde la propia Casa Rosada.
La trampa del orden
El Gobierno quiere que los aliados voten primero la Reforma Electoral y negocien las alianzas después. Los gobernadores exigen exactamente lo inverso: garantías antes de levantar la mano en el Congreso. "Es todo un quilombo", resumió sin eufemismos un integrante clave de la Mesa Política libertaria.
La razón es aritmética: la reforma requiere mayorías absolutas —37 senadores y 129 diputados—, lo que convierte a los mandatarios provinciales en piezas imprescindibles y, por eso mismo, en negociadores duros.
El desacuerdo de fondo es más profundo. Desde el oficialismo se preguntan si los gobernadores, una vez protegidos de la competencia interna y con sus reelecciones facilitadas, no terminarán construyendo una alternativa presidencial. Desde las provincias, la sospecha es simétrica: que Karina Milei y los Menem los inunden de candidatos libertarios cuando llegue la hora de cerrar listas.
La salida que no es la ideal
En ese clima de desconfianza cruzada emergió una tercera vía: la PAS. No PASO, sino Primarias Abiertas y Simultáneas —sin la O de Obligatoriedad. La lógica es sencilla: sin obligación, nadie iría a votar, las primarias perderían volumen y se "desinflarían" sin necesidad de eliminarlas formalmente.
"La PAS permitiría que, al menos por un rato, reine la paz", dijo un ministro, según consignó Infobae.
La idea gana peso no por ser la mejor solución, sino por ser la menos mala: los gobernadores conservarían cierta autonomía frente a la lapicera del poder central, y el Gobierno se sacaría de encima una competencia costosa que, en el peor escenario, podría funcionar como combustible opositor.
El riesgo que el oficialismo no puede ignorar
Hay una razón estratégica de fondo que explica la urgencia libertaria. Si una fuerza opositora gana una PASO con contundencia, el día siguiente puede generar una convulsión en el dólar, el riesgo país y las expectativas económicas. Eliminar agosto del calendario electoral es, también, eliminar ese riesgo sistémico antes de 2027.
El antecedente de 2025 es demasiado reciente: la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses desdobladas abrió semanas de incertidumbre que el oficialismo tardó en cerrar.
Los propios sondeos oficiales muestran la tensión. Un estudio de Opinaia indica que el 68% evalúa positivamente la eliminación de las PASO. Pero una encuesta de La Sastrería y TresPuntoZero revela que el 48,2% cree que el Gobierno busca mejorar su posición electoral y dividir a la oposición, contra solo el 38,6% que le atribuye el objetivo oficial de reducir el gasto.
Caramelos escasos, provincias exigentes
Mientras la negociación política avanza en paralelo, la tensión fiscal la complica. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que entre enero y agosto las transferencias corrientes de Nación a provincias y municipios cayeron 86,6% en términos reales respecto de 2023. El ala política reparte gestos; Economía sigue con la motosierra encendida.
Diego Santilli, el operador designado para aceitar los acuerdos, mantuvo reuniones con siete gobernadores en apenas 36 horas —entre ellos Figueroa, Jalil, Sáenz, Jaldo y Sadir— con una carpeta de pedidos que incluye obras, rutas, subsidios y Aportes del Tesoro, y pocos recursos concretos para ofrecer a cambio.
Las posibilidades más concretas de compartir listas aparecen en el AMBA, Mendoza, Entre Ríos y Chaco. La amenaza es explícita: "Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos".
La pregunta que queda abierta
Con el Presupuesto 2027 generando un frente inesperado dentro del propio oficialismo —por modificaciones en discapacidad que no fueron consensuadas—, el escenario es más complejo de lo que el Gobierno proyectaba hace apenas unas semanas.
La cuenta regresiva hacia octubre de 2027 ya empezó. Y la pregunta no es solo si habrá PASO, PAS o nada: es quién va a ceder primero en una negociación donde todos desconfían de todos.
