Murió a 10 días del juicio: encontraron muerto a un exfuncionario de la Procuración acusado en una causa de corrupción
Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, fue hallado muerto en una calle de Villa Elisa. Tenía 55 años y presentaba una herida de arma blanca en el pecho. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte y analiza, entre otras hipótesis, un posible suicidio.
Guillermo Alfredo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, fue encontrado muerto este martes 1° de septiembre en la localidad bonaerense de Villa Elisa, partido de La Plata. El hallazgo ocurrió en la calle 8, entre 406 y 407, luego de que una persona que circulaba por la zona advirtiera la presencia del cuerpo y diera aviso al 911.
Bellingi tenía 55 años, era licenciado en Economía y se desempeñaba como docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Al momento de su muerte se encontraba a menos de tres semanas de afrontar un juicio oral en una causa que también tiene como acusada a la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó.
Según la información policial, Bellingi fue encontrado con una herida de arma blanca en la zona baja del tórax, con una inclinación hacia el lado izquierdo. Cerca del cuerpo había un cuchillo de mango de madera tipo criollo junto con su vaina. También fueron encontrados su billetera, teléfono celular, reloj y una mochila. A simple vista, los investigadores no detectaron otras lesiones ni signos de defensa. Por esas circunstancias, una de las hipótesis que analiza la Policía es que Bellingi se haya quitado la vida. Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada y la investigación deberá establecer cómo se produjo la muerte.
La muerte de Bellingi se produjo cuando faltaban aproximadamente 20 días para el inicio del juicio oral por la compra de un edificio ubicado en Perón 667, en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a dependencias de la Procuración General de la Nación. La operación se realizó en 2013 por $43.850.000. Bellingi ocupaba entonces un cargo en la administración de la Procuración y, según la acusación, intervino en el proceso de licitación que terminó con la adquisición del inmueble.
Los investigadores sostienen que la licitación habría sido direccionada para beneficiar al inmueble finalmente adquirido y que existió una estructura previa destinada a darle apariencia de legalidad a la operación. Se trata de acusaciones que deberán ser analizadas durante el juicio oral.
Uno de los elementos centrales de la investigación fue el vínculo entre Bellingi y su medio hermano, Juan Carlos Thill, quien intervino en la operación inmobiliaria. De acuerdo con documentación del Ministerio Público Fiscal, la Procuración pagó $43.850.000 por el inmueble. A su vez, la empresa vendedora, Arfinsa, abonó $7.706.399,90 en concepto de comisión inmobiliaria a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios. Parte de esa comisión terminó en manos de Thill, quien recibió $3.019.054,85 por su intervención en la operación. Para los investigadores, el hecho de que Thill fuera hermano de Bellingi —quien intervenía desde la Procuración en el proceso de adquisición— fue uno de los elementos relevantes para sostener la hipótesis de una maniobra destinada a beneficiar a determinados intermediarios.
La causa alcanzó también a Alejandra Gils Carbó, quien estaba al frente de la Procuración General durante la operación. Tanto Bellingi como la exprocuradora fueron enviados a juicio oral por decisión del juez federal Julián Ercolini. El debate debía realizarse ante el Tribunal Oral Federal N° 8, integrado por Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, con la acusación a cargo del fiscal general Marcelo Colombo. El juicio estaba previsto para comenzar en menos de tres semanas. Gils Carbó había sido procesada en 2017 y posteriormente dejó su cargo como procuradora general. Actualmente continúa ejerciendo como abogada.
La muerte de Bellingi introduce un elemento inesperado en una causa que estaba a punto de llegar a juicio. Mientras la investigación por la compra del inmueble deberá continuar, la Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió con el exfuncionario y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su muerte. Por el momento, no existe una confirmación oficial de que su muerte esté vinculada con la causa de corrupción ni de que se haya tratado de un suicidio. Ambas cuestiones forman parte de las líneas que deberán ser esclarecidas por la investigación.
