Argentina denuncia penalmente a cinco petroleras por explorar en Malvinas: el movimiento legal que escala el conflicto soberano
El canciller Quirno presentó cargos contra Navitas, JHI y Eco Atlantic por operar con licencias británicas en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la Ley…
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía3 min de lectura
Cinco empresas petroleras enfrentan ahora una denuncia penal del Estado argentino. El movimiento no es diplomático: es judicial, y apunta directamente a quienes extraen —o intentan extraer— hidrocarburos de un territorio en disputa.
El Gobierno de Javier Milei anunció el lunes 8 de septiembre de 2026 la presentación de una denuncia penal ante la justicia federal contra cinco firmas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Las cinco empresas en el banquillo
Las denunciadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Tres de ellas cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para operar en la Cuenca Malvinas Norte, lo que según la acusación viola la Ley 26.659, que regula estas actividades en territorio argentino.
La denuncia no se limita a las personas jurídicas: también alcanza a directores, gerentes, síndicos y cualquier autoridad que haya intervenido en estas operaciones.
Quirno al frente, Amerio como respaldo
La presentación estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio. La Oficina del Presidente confirmó la iniciativa, que se encuadra en una postura cada vez más activa del Ejecutivo frente a las actividades petroleras en las islas.
No es un giro abrupto: la Cancillería argentina ya había rechazado formalmente, en diciembre de 2025, la decisión final de inversión anunciada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La denuncia penal es la escalada natural de ese rechazo.
El contexto que le da peso al movimiento
El anuncio se produce en un momento de mayor visibilidad internacional para la causa soberana argentina: días antes, un ministro de Israel había solicitado el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Malvinas, según informó La Nación.
La pregunta que queda abierta: ¿una denuncia penal ante la justicia federal argentina tiene capacidad real de detener operaciones habilitadas por el Reino Unido, o es principalmente una señal política con consecuencias económicas para las empresas en mercados donde cotizan?
