Más tiempo para cobrar con bonos: el Gobierno extendió el plazo y dejó afuera a parte del sector
La adhesión al régimen para cancelar deudas de obra pública con títulos se prorrogó al 23 de julio, pero el mecanismo excluye créditos sin factura emitida.
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía3 min de lectura
Hay empresas constructoras que todavía no pueden cobrar lo que el Estado les debe. Y el plan oficial diseñado para resolverlo no llega a todas.
El Gobierno prorrogó hasta el 23 de julio de 2026 el plazo para adherirse al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, el mecanismo que permite a los contratistas de obra pública cancelar deudas del Estado mediante la entrega de títulos públicos en pesos. La extensión se formalizó a través de la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann.
El cupo y las condiciones no cambiaron
La prórroga solo amplió el cronograma: el plazo original vencía alrededor del 16 de julio —diez días hábiles desde el 3 de julio— y ahora se corrió una semana. El cupo máximo del programa permanece en $221.119.509.519 y los instrumentos disponibles siguen siendo LECAP y BONCAP.
El régimen alcanza a contratistas de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, y cubre deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones de contratos extinguidos desde 2024. La adhesión se tramita a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con un plazo adicional de diez días hábiles para incorporar documentación respaldatoria una vez presentada la solicitud.
Ingresar al programa tiene un costo no menor: las empresas deben renunciar a todos los reclamos administrativos y judiciales en curso contra el Estado vinculados al contrato correspondiente. Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) debe intervenir antes de la firma de cada acta acuerdo individual.
El límite que el Gobierno no resuelve
Desde el sector de la construcción reconocieron que la extensión respondió a una necesidad real —el período original era muy acotado para preparar la documentación—, pero advirtieron que el esquema tiene un límite estructural que la prórroga no toca.
El mecanismo funciona para facturas ya emitidas, es decir, para certificados de obra que completaron el circuito administrativo. El problema es que muchas obras tienen pendientes redeterminaciones de precios o conceptos en discusión que nunca derivaron en una factura. Esos créditos, por más legítimos que sean, quedan afuera del régimen.
"Le soluciona el problema a algunas empresas, pero no a todas", resumieron fuentes del sector consultadas por Infobae.
La pregunta que queda abierta es cuántas empresas quedan en ese limbo: con deuda reconocida en los hechos, pero sin el papel que las habilita a cobrar.
