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Sociedad

La defensa del dueño de HLB Pharma busca anular la pericia clave en el caso de 90 muertes por fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro intenta tumbar el ensayo de esterilidad de 991 páginas que sostiene la imputación por la mayor tragedia sanitaria del país.

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Imagen: La defensa del dueño de HLB Pharma busca anular la pericia clave en el caso de 90 muertes por fentanilo contaminado
Foto: Infobae Política

Noventa muertos y una pericia que lo sostiene todo

Hay un documento de 991 páginas que, según el juez federal Ernesto Kreplak, vincula genéticamente las bacterias halladas en pacientes fallecidos con las ampollas de fentanilo producidas por HLB Pharma. Ahora, la defensa de Ariel Fernando García Furfaro quiere que ese documento no exista legalmente.

El abogado Gastón Marano presentó un planteo de nulidad contra el ensayo de esterilidad conjunto realizado por ANMAT, el INAME y el laboratorio privado Gobbi Novag S.A., que analizó muestras de los lotes 31201, 31202, 31244 y 31245 de fentanilo producido por HLB Pharma. El propio escrito de la defensa reconoce que se trata de "la piedra basal" de toda la acusación.

Por qué importa esta maniobra procesal

La pericia cuestionada es, según el planteo, "la única vez en que se analizaron, en forma directa, las muestras de museo" de los laboratorios imputados. Si la nulidad prosperara, caería el sustento central de la imputación: la coincidencia genómica confirmada por el Instituto Malbrán entre bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en pacientes infectados y en las ampollas secuestradas.

García Furfaro fue procesado por primera vez el 25 de septiembre de 2025 como "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas". El 13 de mayo de 2026, Kreplak amplió esa cifra a 90 muertes confirmadas judicialmente, sumó 44 pacientes con secuelas y dispuso un embargo sobre bienes del empresario por un billón de pesos. Estimaciones de auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias citadas en la causa elevan el total de víctimas a un rango de entre 121 y 173.

Los argumentos legales y los flancos que exponen

Marano apoya el planteo en tres ejes. Primero, que el juzgado no notificó a las defensas del pedido de pericia ni habilitó el ofrecimiento de peritos de parte, en violación al artículo 258 del Código Procesal Penal. Segundo, que los profesionales que realizaron el estudio no prestaron juramento ni aceptación de cargo según el artículo 257 del CPPN. Tercero, y quizás el más resonante: que el laboratorio Gobbi Novag S.A. es competidor comercial de HLB Pharma y Ramallo, y que sus directivos estuvieron imputados en una causa de contrabando por connivencia con personal del INAME —aunque luego fueron sobreseídos—, además de registrar antecedentes de desvíos de calidad incluyendo una prohibición dispuesta por ANMAT el 8 de junio de 2024.

Desde la fiscalía y el juzgado, en tanto, sostienen que se siguieron todos los pasos procesales y que cada defensa tuvo posibilidad de supervisar cada etapa de la investigación.

Un expediente que ya suma 13 procesados

Junto a García Furfaro, el expediente procesó a otras doce personas: su hermano Diego Hernán García, el director técnico José Antonio Maiorano, el director general Javier Tchukrán, la directora técnica de Ramallo Carolina Ansaldi, la madre de ambos, Nilda Furfaro, y otros directivos y responsables de control de calidad. En un segundo tramo, también fueron procesadas la ex titular de ANMAT Nélida Agustina Bisio y la ex directora del INAME Gabriela Mantecón Fumadó, ambas detenidas y luego liberadas tras abonar una caución de 75 millones de pesos cada una.

Las defensas apelaron la ampliación de los procesamientos el 24 de septiembre ante la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que todavía no resolvió los recursos.

Si la Cámara rechaza el planteo de nulidad, la imputación queda en pie con todo su peso. Si lo acepta, el caso más grave de la historia sanitaria argentina enfrenta un terremoto jurídico que podría redefinir quién responde —y cómo— por 90 muertes confirmadas.

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