ESCÁNDALO: Cayó una funcionaria de kicillof por una estafa millonaria.

Albertina Mangini, abogada e integrante de la Procuración General bonaerense que se desempeñaba en comisión en el Patronato de Liberados, fue detenida esta semana acusada de liderar una organización que habría movilizado unos $27.000 millones en apenas un año, a través de una compleja maniobra con billeteras virtuales.

La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata), imputó a Mangini por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por la habitualidad de la maniobra y por la función pública que ejercía. Junto a ella fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, en el marco de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

Según la hipótesis fiscal, la modalidad utilizada se conoce como "pitufeo" o smurfing: consiste en fraccionar grandes sumas de dinero en numerosas operaciones pequeñas para evitar las alertas de los organismos de control. Para lograrlo, la organización captaba personas en situación de vulnerabilidad económica, a quienes se les ofrecía dinero —generalmente unos 80 mil pesos— a cambio de sus datos personales y biométricos: fotografías, copia del DNI y un escaneo del ojo.

Las víctimas eran citadas en un bar de la zona de 7 y 56, en pleno centro platense, donde se les tomaban las fotos y se abrían cuentas en billeteras virtuales a su nombre, muchas veces sin que comprendieran el alcance real de la operación. Esas cuentas funcionaban como "mulas", recibiendo y transfiriendo el dinero, que luego era derivado a un casino online clandestino y disfrazado como ganancias de juego.

El rol específico que se le atribuye a Mangini es el de haber cumplido tareas de captación dentro de la organización, aprovechando su acceso a personas vinculadas al sistema judicial bonaerense a través de su función en el Patronato de Liberados. Los investigadores no descartan sumarle además el cargo de abuso de función pública, en caso de confirmarse que utilizó esa posición institucional para identificar a potenciales víctimas.

Citada a declarar, Mangini se negó a responder preguntas, al igual que Perrota. Solo Marchioni prestó declaración y sostuvo que su actividad estaba vinculada al corretaje y las inversiones, una versión que la fiscalía deberá contrastar con la documentación financiera incorporada al expediente. Según trascendió, otras tres personas vinculadas a la causa están bajo la mira de la investigación, aunque por el momento no se hizo lugar a su detención.

El caso generó fuerte repercusión institucional por tratarse de una funcionaria con acceso directo al sistema judicial de la provincia, en momentos en que la fiscal Lacki cuenta con un plazo de quince días —prorrogable por otro igual— para definir si solicita la prisión preventiva de los detenidos.