El fuero laboral porteño tiene fecha: febrero de 2027, si Nación suelta los fondos

El reloj corre, pero el dinero no llegó todavía. El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires tiene una hoja de ruta concreta —y una fecha tentativa de funcionamiento: febrero de 2027— pero el principal obstáculo hoy no es legal ni político en sentido estricto: es presupuestario.

Según Infobae, hay una decisión política de acelerar el proceso desde el oficialismo porteño, la oposición y el empresariado, que históricamente vieron al fuero laboral nacional como "hostil" y "cercano al kirchnerismo". Lo que falta es que Nación transfiera los recursos.

La arquitectura del cambio

El esquema no es un traspaso de jueces ni de tribunales en bloque. Lo que se transfiere son competencias judiciales: los expedientes en curso seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que las nuevas causas ingresarán al sistema porteño una vez cumplidas las condiciones legales.

Entre esas condiciones figura la ratificación por el Congreso Nacional —ya cumplida con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral—, la ratificación por la Legislatura porteña y la firma de un convenio específico de transferencia de recursos.

Los 180 días operativos para organizar el nuevo fuero (seleccionar jueces, garantizar infraestructura) corren recién desde que se cumplan esas tres condiciones. De ahí el cronograma que apunta a febrero.

El número que lo traba todo

El costo estimado del nuevo esquema ronda entre el 0,5% y el 0,8% de un punto de coparticipación, lo que equivale a entre $48.000 millones y $76.800 millones por mes, de acuerdo con la información que circula en el andamiaje político.

La pregunta que nadie responde todavía en el macrismo porteño es si la resistencia del gobierno de Javier Milei a transferir esos fondos es fiscal o política. Ambas hipótesis coexisten.

Si Nación no transfiere los recursos, la Ciudad deberá incorporar esa partida en su Presupuesto 2027, lo que rediseña completamente la ecuación. Algunos dirigentes del PRO relativizan el impacto inmediato —ya transcurrió buena parte del año y la instrumentación demanda tiempo—, pero el problema no desaparece: se pospone.

Agosto como bisagra

La Legislatura porteña prevé votar en agosto un paquete de al menos cuatro iniciativas: la aprobación del convenio de traspaso, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad (Ley 7), la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de un sistema de mediación equivalente al SECLO nacional.

Jorge Macri delegó la coordinación de todo este proceso en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y en el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno.

Paralelamente, el 3 de julio Nación y Ciudad ya firmaron un convenio para transferir competencias en materia penal —delitos contra el honor, integridad sexual, libertad, propiedad intelectual y justicia juvenil—, lo que marca un ritmo de avance en el traspaso global de la justicia ordinaria.

Lo que cambia para las empresas

El fuero laboral porteño necesita ampliarse antes de operar: fue diseñado con una estructura reducida, insuficiente para absorber el volumen de litigios que hoy maneja la Justicia Nacional del Trabajo. La reforma legislativa apunta a dotarlo de más juzgados y adaptar el Código Procesal, que había sido pensado solo para litigios individuales.

Para el mundo empresarial, el cambio tiene una lectura directa: un fuero nuevo implica jueces nuevos, seleccionados por la Ciudad, con procedimientos distintos. La transición puede generar incertidumbre procesal en el corto plazo, pero también la oportunidad de operar bajo un sistema más predecible para quienes hoy perciben al fuero nacional como estructuralmente adverso.

La pregunta que queda abierta es si Nación y Ciudad pueden cerrar la negociación presupuestaria antes de que agosto se convierta en una nueva promesa incumplida.