Desalojo mapuche en Neuquén: la orden sigue vigente y el conflicto de 15 años aún no tiene fin

El festejo fue prematuro. Mientras las comunidades mapuches difundían en redes que el desalojo había sido suspendido, fuentes vinculadas a los querellantes confirmaban lo contrario: la medida sigue vigente y solo resta librar un nuevo mandamiento para continuar la ejecución.

Ese cortocircuito interpretativo es, en sí mismo, la clave de un conflicto territorial que lleva 15 años sin resolución y que volvió a escalar en agosto de 2026.

Lo que ocurrió y lo que quedó sin resolver

A mediados de la semana pasada, efectivos de la Policía de Neuquén, funcionarios judiciales y representantes de organismos estatales ingresaron a un predio ocupado por la lof Melo, en las cercanías de Villa La Angostura, para ejecutar una orden de desalojo dispuesta por el juez Francisco Astoul Bonorino. El operativo avanzó sobre uno de los lotes usurpados —situado en la costa del lago Nahuel Huapi— y se cumplimentó en esa fracción.

Sin embargo, cuando debían avanzar sobre otra porción del predio en conflicto, los oficiales de Justicia no pudieron continuar por la ausencia de funcionarios de minoridad. Ahí se frenó el procedimiento.

La grieta interpretativa

El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, sostuvo que "la Justicia suspendió el desalojo" y que, al no haberse podido completar la diligencia, el procedimiento quedó frustrado. Según su lectura, correspondería solicitar un nuevo mandamiento si se pretende avanzar, pero el actual proceso "no define la situación de las tierras".

La contraparte rechazó esa interpretación de forma directa. Fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes afirmaron a Infobae que "la resolución no suspendió el desalojo, sino que dispone un nuevo paso procesal para poder continuar con la ejecución de la misma". En otras palabras: el juez Astoul Bonorino ordenó emitir un nuevo mandamiento, no frenar la medida.

Un litigio con raíces en 2011

El predio en disputa son 624 hectáreas en Bahía Huemul. El conflicto comenzó a fines de 2011, cuando integrantes de la familia Melo lo ocuparon; luego se sumó la comunidad Quintriqueo. Las comunidades reivindican el territorio como ancestral y aseguran presencia familiar desde 1928. La propietaria, en cambio, presentó documentación registral y obtuvo fallos judiciales a su favor.

La Justicia ordenó el desalojo en 2016. La sentencia quedó firme tras sucesivas apelaciones, pero su ejecución se demoró más de una década, hasta este agosto de 2026, cuando se recuperó parcialmente una fracción del predio.

El Gobierno de Neuquén sostiene que se trata de un conflicto entre privados y que su intervención respondió únicamente al cumplimiento de una orden judicial.

¿Qué sigue?

La pregunta concreta es cuándo y cómo se emitirá el nuevo mandamiento, y si existirá algún espacio de diálogo antes de un nuevo operativo. El abogado Sánchez consideró posible la apertura de una instancia de negociación. La contraparte, por ahora, no confirmó esa señal.

Lo que el desalojo parcial dejó en claro es que ninguna de las dos partes tiene resuelto nada. El predio sigue dividido, la tensión sigue activa, y la resolución definitiva de un conflicto de 15 años todavía no tiene fecha.