671 obras paralizadas: la Iglesia, el Congreso y los movimientos sociales van por una ley que blindaría barrios populares hasta 2036
Un proyecto con 11 bloques legislativos busca fijar un piso presupuestario atado al PBI para 5 millones de argentinos que perdieron el 98% del financiamiento.
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía4 min de lectura
El colapso que nadie discute
El 84,3% de las obras en barrios populares está paralizado. No es una proyección: es el resultado directo de una caída del 96,7% en el financiamiento destinado a más de 6.000 barrios donde viven cinco millones de argentinos.
De 171.863 millones de pesos ejecutados en 2023, el presupuesto se desplomó a apenas 3.336 millones en 2026. 671 de las 1.322 obras en curso quedaron detenidas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
La alianza que presiona al Congreso
Frente a ese escenario, una coalición inédita tomó forma: la Iglesia Católica, la fundación TECHO, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Cáritas presentaron un proyecto de ley respaldado por 11 bloques legislativos de 10 provincias.
La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, propone garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036, con un piso atado al Producto Bruto Interno que escale de forma progresiva.
"Para eso es necesario el diálogo", sintetizó Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.
La fórmula concreta
El artículo 3° del proyecto establece un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. El proyecto aclara expresamente que no crea un nuevo impuesto: reasigna prioridad dentro de los recursos de renta general.
Ese punto de partida replica el nivel de inversión que el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) ejecutó en 2021, cuando la política comenzó su despliegue territorial. También se propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios registrados.
El fallo que desató todo
El proyecto no nació de una campaña: responde a una decisión judicial. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó suspendió el Decreto 312/2025 —que disolvía el FISU— al considerar que su ausencia implicaba "una regresividad inadmisible en términos constitucionales". El juez Andrés Heim exhortó expresamente al Congreso a garantizar financiamiento adecuado y sostenible.
"La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial", confirmó Grabois.
El fondo había sido financiado, entre otras fuentes, con el 9% de la recaudación del Impuesto PAIS. El Decreto 193/2024 redujo esa participación al 0,3%, y con la eliminación del impuesto a fines de 2024, los recursos se extinguieron por completo.
Quiénes son los que esperan
Según el ReNaBap con datos a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares en Argentina, que ocupan 684 millones de metros cuadrados y albergan a aproximadamente 1.287.942 familias. El 81,24% son asentamientos; el 17,41%, villas.
Dentro de ese universo, 1,7 millones son niños y niñas. "Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra", describió Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina.
Entre los resultados que el FISU alcanzó antes de su desfinanciamiento, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza.
La pregunta que queda abierta es si el Congreso, que en 2018 sancionó la Ley de Barrios Populares con amplio consenso transversal, tiene hoy la voluntad política de hacer lo mismo —o si el fallo judicial será el único argumento que finalmente mueva los votos.
