La presidenta de Costa Rica que no perdona: sacó los televisores y microondas de las celdas y encima quitó los enchufes.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó al Ministerio de Justicia retirar todos los tomacorrientes ubicados en las celdas de los centros penitenciarios del país, luego de que las autoridades confirmaran el decomiso de 352 pantallas de televisión y 238 hornos de microondas durante un operativo realizado en las prisiones. La instrucción fue girada en vivo durante la conferencia de prensa semanal, en un intercambio que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando Fernández le preguntó al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, sobre los resultados del operativo que el Gobierno había comprometido para retirar los electrodomésticos de las celdas. El ministro confirmó los números: 238 microondas y 352 pantallas decomisadas en los distintos centros penitenciarios del país. Hasta ahí, todo dentro de lo esperado.

Lo que vino después no estaba en el guión. Cuando el ministro confirmó que los privados de libertad ya no contaban con aparatos eléctricos autorizados dentro de las celdas, la presidenta hizo una pregunta que nadie anticipaba: "Entonces, ¿para qué tenemos tomacorrientes? Por favor, quítele también los tomacorrientes de las celdas. ¿Para qué tener tomacorrientes ahí y riesgos de manipulación de esto, de que guarden cosas? Por favor, ministro, también retire los tomacorrientes."

La lógica detrás de la decisión es tan simple como contundente: si no hay aparatos eléctricos autorizados, no tiene sentido mantener las conexiones eléctricas. Y si las conexiones permanecen, representan un riesgo potencial de manipulación o de reingreso de dispositivos no autorizados. El ministro respondió de inmediato: "Voy a girar su instrucción de inmediato a la Dirección General de Adaptación Social y a la Policía Penitenciaria para que procedan."

La medida se enmarca en una política más amplia que la administración Fernández viene implementando desde sus primeras semanas de gestión. El retiro de televisores y microondas fue uno de los compromisos asumidos durante los primeros días del nuevo gobierno, con el argumento de que esos aparatos representaban un privilegio injustificado para personas que están cumpliendo una condena. La eliminación de los tomacorrientes es el paso siguiente en esa misma lógica.

La ejecución de la medida quedará en manos de la Dirección General de Adaptación Social y de la Policía Penitenciaria, instituciones que deberán coordinar la eliminación física de las conexiones eléctricas en las celdas. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha precisado cuántos centros penitenciarios serán intervenidos ni el plazo exacto en que se ejecutarán los trabajos.

El episodio generó reacciones divididas. Desde sectores de derecha y centroderecha, la decisión fue aplaudida como una señal clara de que el sistema penitenciario debe ser un espacio de cumplimiento de penas y no un lugar de comodidades. Desde sectores de derechos humanos y organizaciones carcelarias, se advirtió que la eliminación de toda conexión eléctrica podría tener implicancias sobre el acceso a información, la comunicación con familiares y las condiciones mínimas de habitabilidad.

Lo que está claro es que Laura Fernández eligió el camino del endurecimiento desde el primer día. En un país que arrastra años de cuestionamientos sobre las condiciones de privilegio en algunos centros penitenciarios, la decisión de retirar no solo los electrodomésticos sino también los enchufes manda un mensaje que va más allá de los tomacorrientes: en esta gestión, la cárcel es para cumplir la condena.