Sheinbaum quiere liberar presos por "delitos menores".
La medida se evalúa en medio de una sobrepoblación carcelaria del 14-15% desde que comenzó su gobierno, con más de 60 mil detenciones por delitos de alto impacto.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante su conferencia matutina del martes 11 de agosto que su gobierno trabaja en un esquema para agilizar la liberación de personas privadas de la libertad por delitos menores, como el robo simple, así como de quienes llevan años detenidos sin haber recibido una sentencia.
La mandataria explicó que la medida responde a la sobrepoblación que enfrentan varios centros penitenciarios del país. Según datos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la población carcelaria creció entre 14% y 15% desde el inicio de la actual administración, hasta alcanzar las 270.000 personas, unas 35.000 más que al comienzo del sexenio, como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, que ya lleva más de 60.000 detenciones por delitos de alto impacto.
"Estamos buscando el esquema con distintas entidades de la República para que puedan ampliarse en un esquema humanista", explicó Sheinbaum desde Palacio Nacional, y detalló que el trabajo está a cargo de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien evalúa si se requieren modificaciones legales para acelerar los procesos de las personas que llevan años detenidas sin sentencia.
La mandataria planteó ejemplos concretos para justificar la medida: el caso de una persona de bajos recursos que no puede pagar una fianza de apenas 3.000 pesos por un robo menor, o el de una mujer indígena que no tuvo acceso a un abogado por no hablar español. Según remarcó, hay miles de casos de personas detenidas durante años en situaciones similares.
En paralelo, Sheinbaum anunció que su gobierno planea la construcción de seis nuevos penales estatales, todavía en fase de planeación, con un diseño orientado a la reinserción social y a mejores condiciones de reclusión que los centros construidos en administraciones anteriores.
Días después, ante las críticas de la oposición, la presidenta reiteró y defendió su postura, y acusó a sus críticos de "criminalizar" a personas privadas de la libertad por infracciones menores y falta de recursos económicos para acceder a una fianza.
La propuesta generó cuestionamientos desde distintos sectores, que la vinculan con la llamada "puerta giratoria": el mecanismo de liberaciones constantes de detenidos por delitos menores que, según sus críticos, contribuyó al fuerte incremento de los índices delictivos en la Ciudad de México entre 2012 y 2018. García Harfuch, por su parte, remarcó que "es mínimo" el número de personas detenidas por delitos de alto impacto que recuperaron su libertad, en un intento por diferenciar esta medida de una liberación indiscriminada.
Hasta el momento, la iniciativa continúa en etapa de evaluación jurídica y no se tradujo en un decreto o anuncio oficial de liberaciones masivas, mientras el Gobierno mexicano define los criterios finales que definirán a quiénes alcanzará la medida.
