Las empresas de energía confiscan tierras privadas para construir la infraestructura que alimenta la IA

El avance de la inteligencia artificial tiene un precio que se paga en metros cuadrados. Para sostener la explosión de data centers en Estados Unidos, las compañías eléctricas están recurriendo a la expropiación forzada de tierras privadas, el poder legal conocido como eminent domain, para tender las líneas de transmisión que esa infraestructura demanda.

El dato es contundente: en 2024, los centros de datos consumieron más del 4% de la electricidad total de Estados Unidos, según análisis de Pew Research Center. Y esa cifra solo va a crecer.

El rechazo ciudadano que nadie anticipó

Siete de cada diez estadounidenses se oponen a que se construyan data centers de IA en sus comunidades, según datos de encuestas recientes. Las razones son concretas: facturas de energía más altas, contaminación, ruido y pérdida de espacios verdes. A eso se suma el alto consumo de agua que requieren estas instalaciones para enfriarse.

Cuando los propietarios se niegan a vender, las empresas energéticas en estados como Georgia y Pennsylvania están activando mecanismos de expropiación respaldados por la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite al gobierno tomar propiedad privada sin consentimiento si es para "uso público" y con "compensación justa".

La batalla legal que viene

Aquí está el nudo del conflicto: ¿construir infraestructura para un data center privado califica como "uso público"?

Aaron Walayat, profesor de Derecho de la Universidad de Dayton y especialista en expropiación, advierte que la jurisprudencia es mixta. Los tribunales supremos de Dakota del Sur y Vermont avalaron confiscaciones por empresas eléctricas cuando se demostró que mejoraban la confiabilidad de la red para clientes locales. Pero en 1984, Mississippi rechazó una acción similar porque la línea de transmisión no beneficiaba a ningún residente del estado.

Esa distinción —¿a quién sirve realmente esta infraestructura?— será el campo de batalla legal de los próximos años.

El antecedente que nadie quiere repetir

El debate tiene un precedente incómodo. En 2005, la Corte Suprema de EE.UU. falló en Kelo v. City of New London que el desarrollo económico calificaba como "uso público", permitiendo demoler casas para un proyecto privado vinculado a Pfizer. El resultado: el desarrollo nunca se concretó, Pfizer se fue de la ciudad, y el episodio provocó tal indignación que 45 estados reformaron sus leyes de expropiación.

Walayat sostiene que las disputas actuales son la última versión de ese debate histórico sobre los límites del poder del Estado frente a la propiedad privada. Con una diferencia: esta vez, el contexto es la carrera global por dominar la IA, con el propio presidente Trump declarando el avance en inteligencia artificial como cuestión de seguridad nacional y económica.

La pregunta que queda abierta no es jurídica, es política: ¿hasta dónde está dispuesta la sociedad a resignar derechos individuales en nombre del progreso tecnológico?

Puntos clave

• Más de 3.000 data centers operan hoy en EE.UU.; otros 1.500 están en desarrollo.
• En 2024, los centros de datos representaron más del 4% del consumo eléctrico total del país.
• El 70% de los estadounidenses rechaza la instalación de data centers en sus comunidades.
• Empresas eléctricas en Georgia y Pennsylvania ya activaron procesos de expropiación forzada para tender líneas de transmisión.
• La clave legal: si la infraestructura sirve a clientes locales, probablemente califique como uso público; si no, los propietarios tienen argumentos para resistir.
• El precedente Kelo (2005) generó reforma en 45 estados tras un caso que terminó en fracaso.