Impacto social con lógica de negocios: la apuesta de medir lo que importa
Desde Argentina, referentes del sector advierten que alinear capital privado con objetivos sociales y ambientales ya no es una opción filantrópica sino una necesidad estratégica. Las herramientas de medición de impacto y los incentivos colectivos ganan terreno en la agenda empresarial.
Por Ariel Serato · Cofundador y editor de IA y Tecnología2 min de lectura
El debate sobre cómo sostener el impacto social en Argentina y la región viene madurando desde hace años, pero hoy enfrenta una tensión concreta: los recursos son escasos, la demanda crece y el modelo de esfuerzo individual ya no alcanza.
Desde el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Buffone —identificado como líder de Innovación de esa organización— fue categórico: el impacto social no puede depender de iniciativas aisladas. La apuesta del GDFE pasa por impulsar Incentivos de Bien Público, un mecanismo para reconocer a los actores que alinean su capital con la generación de valor social y ambiental. El argumento de fondo es económico: no invertir hoy en educación, infraestructura productiva y cuidado del ambiente implicará costos mucho mayores en el futuro.
Esa lógica de largo plazo no es nueva en el discurso de Buffone. Ya en 2020, como fundador de la consultora Business & Sustainability (BS), señalaba la urgencia de incorporar la medición de impactos sociales y ambientales en el mercado argentino, destacando que los organismos multilaterales y los grandes fondos de inversión internacionales operan hace tiempo bajo criterios ESG (Environmental, Social and Governance).
Para bajar esa lógica a la práctica, mencionó la herramienta MasImpact Lab: una plataforma de medición de impacto que permite gestionar resultados en tiempo real y que, según explicó, habla el lenguaje del mercado financiero. Entre sus usuarios figuran organizaciones de envergadura como BBVA, Naturgy e Iberdrola, en el mercado español.
El mensaje de fondo es claro: medir el impacto no es un ejercicio de reporte, sino una condición para que la inversión social sea creíble, escalable y, en definitiva, un buen negocio.
