El gobierno de Trump filtra quién puede usar la IA más poderosa de OpenAI: el nuevo orden de la carrera tecnológica

El acceso a la inteligencia artificial más potente del mundo ya no es una decisión de mercado. Es una decisión política.

OpenAI lanzó GPT-5.6 Sol —su modelo más capaz hasta la fecha— pero no lo puso a disposición de cualquier empresa o desarrollador. Lo condicionó a una lista de clientes aprobados por el gobierno de Donald Trump. Sin ese visto bueno, no hay acceso.

El modelo que el gobierno quiere controlar

Sol encabeza una nueva familia de modelos que incluye a Terra (más eficiente) y Luna (más económico). Según OpenAI, Sol puede completar el 50% de tareas profesionales de larga duración y supera a todos sus modelos anteriores en capacidades de codificación. Sus avances más pronunciados, sin embargo, están en ciberseguridad: detección de vulnerabilidades y explotación de sistemas.

Ese último punto es exactamente lo que puso en alerta a Washington. Las capacidades cibernéticas avanzadas demostradas por modelos como Mythos, de Anthropic, y GPT-cyber, de OpenAI, generaron preocupación en la administración respecto a que esas herramientas puedan caer en manos de actores hostiles o estados rivales.

Voluntario, pero no tanto

OpenAI describe el proceso como voluntario: la compañía comparte nombres de clientes con el gobierno, y el gobierno da su feedback. "Estamos iniciando con una vista previa limitada para un pequeño grupo de socios de confianza cuya participación ha sido compartida con el gobierno", señaló la empresa en un comunicado.

Pero el contexto matiza esa voluntariedad. A principios de junio, el Departamento de Comercio emitió controles de exportación sobre Anthropic que obligaron al laboratorio a bloquear el acceso extranjero a dos de sus mejores modelos por razones de seguridad nacional. Anthropic lo disputó, pero no tuvo opción: tuvo que bajar los modelos. OpenAI, por su parte, aclara que su situación es distinta —y que no quiere que este esquema sea el "default a largo plazo".

El 2 de junio, Trump firmó además una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a construir un marco bajo el cual las compañías de IA puedan proveer al gobierno acceso anticipado a modelos poderosos hasta 30 días antes de su lanzamiento general. Como ese marco todavía no existe, OpenAI realizó el rollout por fases a pedido del gobierno.

Precios, capacidades y salvaguardas

Sol tiene un precio de entrada de 5 dólares por millón de tokens de input y 30 dólares por millón de output. Terra cuesta 2,50 y 15 dólares respectivamente; Luna, 1 y 6 dólares. El modelo incluye dos nuevos modos —"max" y "ultra"— que permiten razonar durante más tiempo y coordinar agentes para tareas específicas.

OpenAI acompaña el lanzamiento con lo que describe como sus salvaguardas más extensas hasta la fecha. En casos de alto riesgo, un modelo más grande revisa la conversación y puede negarse a responder si se juzga que viola las políticas. La compañía invirtió 700.000 horas de GPU en pruebas de hackeo propias, y prevé dos semanas adicionales de testeo humano antes del lanzamiento general.

En la práctica, Sol no cruzó el umbral "Cyber Critical" del marco de preparación de OpenAI: en pruebas con Firefox y Chrome, encontró indicios de un exploit pero no produjo uno funcional.

El riesgo de fondo: un régimen de licencias sin reglas

Lo que está emergiendo preocupa a analistas y exasesores del propio gobierno. Jonathan Iwry, del Wharton Accountable AI Lab, advirtió que el gobierno está "reconvirtiendo autoridades legales existentes en lo que es efectivamente un régimen de licencias por la puerta de atrás". Dean Ball, exasesor de Trump en IA reconvertido en crítico, señala que desde el lanzamiento de Mythos existe un régimen de licencias "informal" para la IA, "sin reglas consistentes ni límites firmes sobre el poder estatal o transparencia pública".

El peligro concreto: un sistema sin criterios publicados ni proceso de apelación le da al gobierno poder ilimitado para decidir qué empresas acceden al mercado y cuáles no —sin posibilidad de recurso legal para las que queden afuera.

La ironía no es menor: la misma administración que en su primer día derogó los requisitos de seguridad de Biden por considerarlos una carga excesiva está construyendo, de forma improvisada, algo que se parece cada vez más a una regulación sin las garantías de una.

¿Puede una industria de innovación funcionar con fluidez cuando el acceso a sus mejores herramientas depende de una lista que nadie publica y que nadie puede apelar?