El fallo que absolvió un bloqueo sindical ahora puede costarle el cargo a un juez bonaerense
Empresarios impulsan dos denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia para remover al juez que justificó el bloqueo de una pyme de San Pedro.
Por Julián Brus · Cofundador y editor de Negocios y Economía3 min de lectura
Un fallo judicial que absolvió a sindicalistas por bloquear una pyme durante cinco días desencadenó una reacción empresarial sin precedentes: ahora el juez que lo firmó enfrenta un proceso que podría quitarle el cargo.
El magistrado Alejandro López, del juzgado de San Nicolás, absolvió al líder del Sindicato de Camioneros local, Maximiliano Cabaleyro, y a otros seis imputados por el bloqueo a Rey Distribución —una pyme de San Pedro— en febrero de 2021. El propio juez reconoció que existió la obstrucción y que generó pérdidas millonarias, pero la calificó como "legítimo ejercicio de un derecho".
La contraofensiva que nadie esperaba
Ariel Rey, uno de los dueños de la empresa afectada, fue contundente: "Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación". La pregunta que dejó abierta es la que ahora recorre los pasillos del empresariado argentino: ¿dónde termina el derecho de huelga y dónde empieza el delito?
A 48 horas del veredicto, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio y CAMARCO ya habían calificado el fallo de "preocupante retroceso". Pero el mundo empresarial fue más lejos.
Dos denuncias y hasta 50 firmas
El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), liderado por Juan Méndez, presentó formalmente una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Una segunda presentación —con el respaldo estimado de unas 50 empresas— se formalizará esta misma semana, según informó Infobae.
Ambas apuntan a que el Jurado analice si la actuación del juez configura causales de mal desempeño: incompetencia o negligencia demostrada, incumplimiento de deberes del cargo y graves irregularidades procesales, según el artículo 21 de la Ley 13.661.
El MEAB es cuidadoso en su argumentación: no afirma que una absolución sea automáticamente un mal desempeño, sino que cuestiona si el juez ponderó de forma adecuada los derechos afectados de terceros frente al derecho de huelga invocado. "No basta con identificar la existencia de un derecho en abstracto: es necesario establecer si el comportamiento concreto constituye un ejercicio legítimo de aquel", señala el escrito presentado.
El límite que se volvió difuso
La discusión de fondo es estratégica para el sector productivo: si el fallo de López sienta precedente, cualquier bloqueo sindical que se enmarque en un conflicto laboral podría quedar automáticamente blindado de consecuencias penales. El MEAB lo advierte en su denuncia: la interpretación de estos límites "puede comprometer derechos de terceros y la previsibilidad con la que deben desenvolverse las actividades empresariales".
El diputado bonaerense Manuel Passaglia había presentado una denuncia similar días antes, lo que convierte este caso en un frente judicial, político y empresarial al mismo tiempo.
La pregunta que queda abierta no es menor: si el Jurado de Enjuiciamiento avanza, ¿qué señal envía al resto de la magistratura sobre cómo ponderar derechos en conflictos laborales? El resultado de este proceso podría redefinir —en la práctica— cuánto puede costar bloquear una empresa en Argentina.
