200 empresas prometieron no trasladar la factura de la IA a los hogares, pero nadie puede obligarlas
Casi 200 compañías eléctricas y de datos firmaron el 'rate payer protection pledge' de Trump, pero el compromiso es voluntario y sin penalidades.
Por Ariel Serato · Cofundador y editor de IA y Tecnología3 min de lectura
La promesa suena bien. El problema es que no vale nada en papel.
Casi 200 organizaciones del sector energético y tecnológico de Estados Unidos firmaron el llamado rate payer protection pledge impulsado por el presidente Donald Trump, un compromiso destinado a que los consumidores residenciales y comerciales no paguen la factura de la expansión de la inteligencia artificial. Pero el acuerdo es voluntario, no tiene mecanismos de enforcement y viola la lógica misma de cómo se fijan las tarifas eléctricas en ese país.
Quiénes firmaron y qué prometieron
Entre los nuevos adherentes figuran NextEra Energy, Duke Energy, Equinix y Digital Realty, según documentación obtenida por The Wall Street Journal. Sumados a los firmantes originales —Google, Meta, Microsoft, Oracle, OpenAI, Amazon y xAI, que respaldaron el pledge en marzo—, los signatarios ahora representan aproximadamente el 80% de la energía entregada a hogares y empresas en todo Estados Unidos, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por el mismo medio.
El compromiso original, lanzado en marzo, incluye obligaciones vagas para que los desarrolladores de IA asuman los costos de la infraestructura necesaria para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial generativa. Trump llegó a reconocer durante el evento de presentación que las compañías tecnológicas "necesitan ayuda de relaciones públicas" para calmar el rechazo social a los proyectos de data centers y el aumento de las tarifas eléctricas.
El dato que lo desmiente todo
Mientras se acumulan firmas, los números avanzan en sentido contrario. PJM, el operador de red eléctrica más grande de Estados Unidos, proyecta incorporar 6.300 millones de dólares en costos adicionales para consumidores de 13 estados, directamente vinculados a la demanda de los centros de datos. Algunos proyectos fueron reducidos o bloqueados ante la presión ciudadana y bipartidaria.
El motivo por el que el pledge difícilmente cambie esa trayectoria es estructural: los precios de la energía en Estados Unidos los fijan reguladores estatales y operadores de mercado, no el gobierno federal. La Casa Blanca no tiene jurisdicción real sobre las tarifas que el acuerdo promete proteger.
Por qué importa más allá de EE.UU.
La expansión global de la infraestructura de IA —incluyendo América Latina, donde varios países compiten por atraer inversión en data centers— reproduce exactamente esta tensión: quién paga la energía que consume el crecimiento digital. El modelo de "las empresas absorben los costos" es políticamente atractivo pero económicamente frágil cuando no hay ningún mecanismo que lo garantice.
La pregunta que nadie en la industria quiere responder en voz alta: si las empresas no pueden ser obligadas a cumplir, ¿qué impide que el costo de la IA termine, igual, en la boleta de luz?
