Un profesor jubilado desafía una multa de $313 y pone en jaque el acceso público a playas en EE.UU.

Un profesor jubilado de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee enfrenta una multa de $313 por caminar en la orilla del lago Michigan, una ruta que recorrió durante más de 50 años. Lo que comenzó como una infracción menor se convirtió en uno de los casos legales más seguidos sobre acceso público a playas en Estados Unidos.

Paul Florsheim recibió el ticket de la aldea de Shorewood, al norte de Milwaukee, después de que un vecino —un dentista que construyó un embarcadero sobre la playa— comenzara a llamar a la policía contra los paseantes, según publicó Fortune. Cuando el abogado del municipio lo llamó para negociar un acuerdo antes del juicio de diciembre de 2024, Florsheim rechazó la oferta.

Un caso que llegó a los tribunales y movilizó a la opinión pública

El juicio atrajo un auditorio repleto y la nota previa de la radio pública NPR se convirtió en la más leída de la historia de esa emisora, de acuerdo con Florsheim. La jueza municipal que falló en su contra en enero redactó una opinión de 16 páginas —inusual para un tribunal de esa escala— en la que reconoció estar obligada por un precedente de 1923, pero que ese fallo "probablemente debería ser revisado y quizás anulado".

El 22 de junio, los abogados de Florsheim presentaron su escrito ante el tribunal del condado de Milwaukee, argumentando que la franja de playa que él recorría es propiedad del estado de Wisconsin y no del vecino. "No es su tierra; es la tierra del público", señala el escrito. Una audiencia está programada para el 13 de agosto, con miras a llegar al Tribunal Supremo de Wisconsin.

Florsheim invoca la doctrina del "public trust", un principio constitucional que protege el acceso ciudadano a los recursos naturales compartidos. "El acceso a la playa es parte de la doctrina del fideicomiso público, que está integrada en la constitución del estado. Ni siquiera requiere una votación para estar protegido", explicó.

La disputa se replica: de Texas a los Grandes Lagos

Florsheim ve su caso como parte de un fenómeno más amplio. El 19 de junio, el Tribunal Supremo de Texas falló por unanimidad que grupos ambientalistas y comunidades indígenas no tenían legitimidad para cuestionar el cierre de la playa Boca Chica por parte de SpaceX durante lanzamientos de cohetes, según Fortune. La playa, conocida localmente como "la playa del hombre pobre", es el último tramo libre y salvaje accesible al público en el extremo sur de Texas.

La abogada de los grupos demandantes, Marisa Perales, declaró a Fortune: "El público afectado no tiene ningún remedio legal para hacer valer su derecho constitucional a acceder a su propia playa". El fallo se produjo semanas después de que empleados de SpaceX votaran para incorporar la zona como la ciudad de Starbase y las autoridades locales otorgaran a ese municipio la potestad de cerrar la playa durante los lanzamientos.

En paralelo, más de 220 centros de datos están planificados en la región de los Grandes Lagos, atraídos por el agua dulce del sistema lacustre —que concentra el 21% de la oferta superficial mundial— para refrigerar servidores. Microsoft anunció una inversión de 20.000 millones de dólares en centros de datos en Mount Pleasant, Wisconsin, una localidad que puede derivar agua del lago. La misma ONG que representa a Florsheim demandó a la ciudad de Racine por retener durante siete meses los registros públicos sobre el consumo de agua de uno de esos proyectos.

El perfil del demandante y el peso del acceso a la justicia

Florsheim reconoce que su situación es excepcional. "Una profesora de política hídrica de UW me dijo: 'Llevo toda mi vida esperando un caso como este'. Y yo le pregunté: '¿Qué querés decir? Esto debe pasar todo el tiempo'. Ella me respondió: 'No. La gente probablemente recibe multas con cierta regularidad por caminar en la parte privada de la playa, pero nadie las contesta'", relató.

El propio Florsheim es consciente del privilegio que implica su posición. "La persona promedio no haría lo que yo estoy haciendo. Estoy jubilado, tengo tiempo. ¿Lo haría si tuviera que contratar un abogado? La respuesta honesta es probablemente no", admitió según Fortune.

Su pelea, aclara, no es contra su vecino. "Mi disputa amarga es con la aldea, porque debería estar protegiendo los derechos de los ciudadanos en general y no los de los propietarios de la playa", concluyó.