Presos que hacían streaming destrabaron el bloqueo nacional de celulares en cárceles provinciales
El Gobierno extendió la Resolución 300/2026 del Enacom a penales provinciales: IMEI, chip y línea quedarán inhabilitados cuando lo pida Seguridad.
Por Ariel Serato · Cofundador y editor de IA y Tecnología3 min de lectura
Un grupo de reclusos transmitió en vivo desde adentro de un penal. Eso aceleró una decisión que el Estado venía postergando.
El Gobierno nacional amplió el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales, extendiendo un mecanismo que hasta ahora solo aplicaba al Servicio Penitenciario Federal. La medida fue adoptada en una reunión entre autoridades del Enacom y la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, y marca un punto de inflexión en la regulación de comunicaciones dentro de los penales.
El detonante: streamers con rejas de fondo
El caso que aceleró la decisión ocurrió en el penal mendocino San Felipe, donde presos transmitieron en directo por redes sociales. La imagen —y su circulación masiva— volvió políticamente insostenible la ausencia de una respuesta técnica concreta.
Mendoza ya venía realizando operativos permanentes de requisa y secuestro de teléfonos con autorización judicial, pero sin capacidad de inhabilitación técnica remota. El gobierno provincial elevó una nota formal al interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, junto con un proyecto de resolución para ampliar el alcance de la norma.
Qué cambia exactamente
Hasta ahora, la Resolución 300/2026 del Enacom solo habilitaba el bloqueo de equipos (IMEI), chips (IMSI) y líneas telefónicas en penales federales. Las cárceles provinciales habían quedado expresamente excluidas.
Con la nueva extensión, las empresas prestadoras de telefonía móvil deberán inhabilitar los tres vectores de comunicación —equipo, identificación del abonado y línea— cuando el Ministerio de Seguridad lo requiera, en las provincias que adhieran al procedimiento nacional.
Infraestructura ya contratada
Esta decisión no llega sola: en julio de 2025, el Gobierno adjudicó un contrato de más de 2.500 millones de pesos a la empresa Cytric Solutions para adquirir módulos tácticos móviles capaces de bloquear, detectar, localizar y analizar celulares en establecimientos penitenciarios.
La arquitectura técnica y legal, entonces, estaba siendo construida en paralelo. El streaming viral fue el catalizador político que unió ambos frentes.
Lo que queda abierto es la velocidad de adhesión provincial: el mecanismo depende de que cada jurisdicción se sume voluntariamente al esquema nacional. Cuántas lo harán —y cuándo— definirá si esto es un cambio sistémico o solo una señal.
